Desde la distribución de poderes hasta el acceso al agua: los puntos clave que debatirá la Convención Constituyente en Chile

Más de dos años después del estallido social de 2019, los chilenos ya tienen a los 155 miembros de la Convención Constituyente encargada de redactar una nueva carta magna, que sustituirá a la elaborada durante la dictadura militar hace 41 años y con la que dejan atrás la herencia de Augusto Pinochet (1973-1990).

Interpretado como «un castigo», el oficialismo obtuvo en las elecciones del fin de semana 37 escaños, lo que le impide tener derecho de veto al no conseguir el tercio necesario. Las alianzas de los partidos de izquierda se hicieron con un total de 53 cupos, pero los grandes vencedores y la gran sorpresa fueron los independientes –ciudadanos sin afiliación política– que alcanzaron 48 escaños. Una convención diversa que cuenta además con 77 mujeres y en la que por primera vez los pueblos indígenas tienen reservados 17 escaños.

Esta variedad, según los analistas, vaticina arduas discusiones a la hora de alcanzar acuerdos.

«El hartazgo contra los partidos políticos superó cualquier nivel y se votó el descontento. El estallido de octubre (de 2019) encontró un canal a través de esta elección y de los independientes», explica a RT Gilberto Cristian Aranda Bustamante, politólogo y profesor de la Universidad de Chile.

A su juicio, la crispación social disminuye al encontrar un cauce. «Hay expectativas, pero si no se cumplen puede haber otro momento de estallido. Pensemos también que esto pueda abrir un sendero a otros países como Colombia, donde el estallido, en mi opinión, es más severo y profundo que el chileno de octubre de 2019», asevera.

Está previsto que la Convención Constituyente –cuyos integrantes tienen un promedio de edad de 45 años– comience sus funciones en junio, o julio a más tardar, y que dure alrededor de un año. Después, será sometida a un nuevo plebiscito para que la ciudadanía la apruebe o rechace. Pero, ¿cuáles son los principales temas que se tratarán?

El sistema presidencialista, fuertemente criticado durante las revueltas sociales por considerar que el mandatario atesora demasiado poder, será uno de los asuntos centrales.

«Se habla de semipresidencialismo y una mayor descentralización. En Chile ha habido una descentralización administrativa, pero no política. Esto será revisado», explica Aranda Bustamante.

Un estudio realizado por el diario La Tercera, que consultó a más de mil candidatos de la convención, indica que «un 46,8% plantea la instalación de un sistema semipresidencial, con un primer ministro, mientras que el 40% dice que, aunque mantendría lo básico, atenuaría las facultades».

Por otro lado, un 51% afirma que prefiere que se pase a un Parlamento unicameral y poner fin a los dos siglos de Congreso bicameral, con diputados y senadores.

Asimismo, el Tribunal Constitucional (TC), una institución que también ha generado controversia y que se ha criticado por sus supuestas posiciones políticas en lugar de jurídicas, deberá ser reformado. «Solo un 3% quiere mantener los poderes del TC tal como están y el 65% quiere reformarlo», señala el diario.

La convención tendrá 17 representantes de diferentes pueblos originarios, que constituyen el 12,8% de los 19 millones de habitantes. Además de ser mencionados en la carta magna, piden el reconocimiento de sus territorios y recursos naturales, así como del idioma y cultura.

En este sentido, el 70% de los consultados en el estudio se mostró a favor de esta opción, considerada como «el hito político» más importante de los últimos 30 años.

Respecto a la paridad, Chile se convierte en el primer país del mundo con un proceso constituyente con paridad de género. Está previsto incluir en la Constitución una enmienda que incluya la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, una norma de no discriminación arbitraria y otra sobre igualdad salarial.

«De aquí en adelante en Chile todos los cuerpos de liberación representativos van a ser paritarios», asegura Aranda Bustamante.

Tanto el acceso al agua como a una vivienda digna fueron unas de las principales reivindicaciones en la crisis social en 2019. Se espera incluir en la Constitución el acceso, protección y distribución del agua como un derecho fundamental y un bien nacional de uso público. En la actualidad, se calcula que el 80 % de los recursos hídricos de Chile pertenecen a propietarios privados.

Además, se espera que se discuta si el Estado debe garantizar y proveer el acceso igualitario y universal a la vivienda digna teniendo en cuenta el tejido social y los núcleos familiares y ya sea mediante construcción o política de arriendo.

A esto se añadiría que el Estado pudiese garantizar el acceso igualitario a fuentes de energías renovables, limpias, verdes, libres de contaminación y a bajo costo.