Deudores quedan desamparados ante la voracidad de la banca e indolencia del gobierno

Dejando de lado la Ley No. 1294 que otorga un periodo de seis meses, a computarse después de la conclusión de la cuarentena, la banca privada con la anuencia de la ASFI, está procediendo a notificar con el cumplimiento de obligaciones a los prestatarios a partir de este próximo 1 de junio.

La Asamblea Legislativa había resuelto a través de la mencionada ley que todas las deudas con el sistema bancario, sin discriminaciones de ningún género, quedaban suspendidas hasta después de seis meses de concluir la cuarentena sanitaria. 

Sin embargo, una resolución de la Autoridad del Sistema Financiero (ASFI) determinó que los deudores que perciban un salario fijo, sean del sector público o privado, deben proceder a regularizar sus pagos a partir del siguiente mes. Quienes no cuenten con una remuneración salarial, deberán demostrar su situación ante los bancos y gestionar con ellos sus pagos en un nuevo plazo de noventa días.

En opinión de algunos asambleístas consultados por “Contragolpe” sobre esta situación, indicaron que se ha trastocado el espíritu de protección al ciudadano, porque se ha privilegiado el interés de las entidades bancarias.

Igualmente, en redes sociales, muchos ciudadanos expresaron que el tratamiento de la ASFi es totalmente discriminatorio e ilegal. Recordaron que la banca privada fue uno de los sectores de mayor crecimiento y con mayores utilidades durante la última década, pero que no muestran el menor sentido social y de solidaridad para con sus prestatarios, víctimas como el resto de la ciudadanía de la pandemia que ha inmovilizado la economía durante los últimos dos meses, pese a que son ellos precisamente los que les permiten obtener utilidades.

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