Gobierno cometió “delitos de lesa humanidad” según informe de la Defensoría del Pueblo

Un informe de la Defensoría del Pueblo señala que el gobierno de Jeanine Añez cometió delitos de lesa humanidad entre octubre y diciembre de 2019, después de la denuncia de supuesto fraude electoral en los comicios del 20 de octubre y la renuncia de Evo Morales.

“Hechos en los cuales se evidencia la existencia de elementos que pudieran configurar el delito de asesinato bajo las características de lesa humanidad, tortura, uso excesivo de la fuerza, detenciones ilegales y otras violaciones de los derechos a la vida, integridad personal, libertad e igualdad y no discriminación”, señala el informe denominado “Crisis de Estado Violación de los Derechos Humanos en Bolivia Octubre-Diciembre 2019”, presentado este lunes por la defensora del Pueblo, Nadia Cruz.

El informe describe la vulneración de derechos, los hechos violentos y las situaciones en que se produjeron 37 muertes, 27 de éstas durante la intervención conjunta de la Policía Boliviana y las Fuerzas Armadas en Sacaba, Senkata y en barrios de la zona sur de La Paz.

Señala que las 20 muertes en Sacaba y Senkata, durante las operaciones conjuntas de la Policía Boliviana y Fuerzas Armadas, se constituyen en masacres, “al haberse cometido el delito de asesinato de forma sistemática en contra de población civil y bajo el conocimiento, órdenes e instrucciones dictadas desde el Gobierno Transitorio, características que configuran un delito de lesa humanidad”.

Los otros siete fallecimientos, dos ocurridos en el norte integrado de Santa Cruz; uno en el municipio de Betanzos; tres en las zonas de Ovejuyo, Pedregal, Rosales y Chasquipampa en La Paz, durante la intervención de las fuerzas policiales y personas particulares con la aquiescencia de la institución del orden; y otro en Sacaba el 11 de noviembre también están considerados como delitos de lesa humanidad, según los hallazgos defensoriales.

En cuanto a las otras diez muertes suscitadas en los departamentos de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, entre ellas de dos efectivos policiales y un trabajador de la prensa, según el informe defensorial, son “hechos de asesinato, homicidio u otras afectaciones al derecho a la vida, provocadas por personas particulares ante omisiones de brindar seguridad por la Policía Boliviana”, que además incurrieron en agresiones, asaltos, quema y saqueo de instalaciones policiales vulnerando el derecho a la vida, integridad personal, seguridad personal y dignidad de los uniformados.

De acuerdo a los hallazgos de la Defensoría del Pueblo, si bien era necesario el uso de la fuerza por parte de la Policía Boliviana para restablecer el orden, se le cuestiona el haber cometido actos de tortura durante la custodia de las personas detenidas el 11 de noviembre de 2019, en las zonas de Ovejuyo, Rosales, Pedregal y Chasquipampa de la ciudad de La Paz; en Ciudad Satélite, Villa Dolores, Faro Murillo y Villa Adela en El Alto, y trasladadas a los Distritos Policiales 4 y 3, Comando General de la Policía Boliviana y la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen en la sede de Gobierno.

También se observa que las personas detenidas en El Alto el 11 de noviembre de 2019, fueron presentadas públicamente por la Policía como autores de los hechos delictivos ocurridos esa fecha, sin que hayan sido juzgadas y condenadas en el marco del debido proceso, vulnerando su derecho a la presunción de inocencia en su dimensión de regla de trato.

Se evidencia, además, según el documento, que a la fecha no se garantizó el acceso a la justicia a las víctimas de vulneraciones a los derechos humanos ocurridas en las tres etapas del conflicto que se describen en el informe defensorial, y que los plazos razonables establecidos en la norma penal ya se agotaron superabundantemente; tampoco existe debida diligencia en la obtención y resguardo de la prueba y ni se han identificado a los presuntos responsables; situación que a la luz del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, se agrava en aquellos casos de masacres, asesinatos de lesa humanidad y torturas en las que intervinieron directamente la Policía Boliviana y/o las Fuerzas Armadas.

“La Policía Boliviana, las Fuerzas Armadas y el Ministerio Público han vulnerado el derecho a la verdad a través de acciones ilegales destinadas a eliminar, alterar o condicionar los elementos de convicción, al haberse evidenciado el amedrentamiento de testigos y víctimas, alteración de la escena del crimen, desaparición de evidencia y la emisión de prueba pericial que no cumple estándares técnicos”, señala el informe.

El informe defensorial muestra el incumplimiento de los principios de proporcionalidad, necesidad y humanidad establecidos en los Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley, durante las intervenciones de la Policía Boliviana, que además fue permisible ante hechos violentos protagonizados por personas particulares y no cumplió con su obligación de prevención y socorro en los casos de vejaciones, actos humillantes, discriminatorios y agresiones físicas, incluso de carácter sexual, ocurridos en Vila Vila y las agresiones a familiares de ex autoridades legislativas.

En el conflicto poselectoral, el informe concluye que existió coacción directa, restricción de circulación, afectación a instrumentos de trabajo y bienes personales, humillación y hechos de discriminación, retención arbitraria, amenazas a la seguridad personal y vida de las y los trabajadores de la prensa e incluso de sus familiares y que vulneraron su derecho de ser protegidos por el Estado.

La afectación a los derechos de las y los trabajadores de la prensa, sumada a la suspensión de la transmisión habitual de medios de comunicación como BoliviaTv, Abya Yala, Unitel, Radio Patria Nueva, Radio Comunidad, entre otros, así como la suspensión de la impresión de varios periódicos como La Razón, Página Siete, Opinión y Los Tiempos por la falta de protección estatal, vulneró el derecho a la libertad de expresión, información y comunicación.

Dentro de las determinaciones emitidas en el informe, la Defensoría del Pueblo realiza recomendaciones como la que demanda “al Ministerio Público y al Órgano Judicial investigar, hasta lograr el esclarecimiento de todas las vulneraciones a los derechos humanos ocurridas durante el conflicto a fin de identificar y sancionar a los responsables”.

Recomienda, además, “investigar las vulneraciones de derechos en las operaciones conjuntas de la Policía Boliviana y las Fuerzas Armadas el 15 y el 19 de noviembre, en las Masacres de Sacaba y Senkata; en las intervenciones de la Policía y de particulares con la aquiescencia de la institución del orden en las zonas paceñas de Ovejuyo, Pedregal, Rosales y Chasquipampa el 11 de noviembre, la realizada en Sacaba en la misma fecha, y en las operaciones conjuntas en el norte integrado cruceño el 12 y 13 de noviembre y en Betanzos el 12 del mismo mes”.

 

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