Jefe policial no puede explicar por qué tiene en el banco más de Bs. 6 millones

La Unidad de Investigaciones Financieras de Bolivia (UIF), pidió a la Fiscalía de La Paz, iniciar un proceso penal al director nacional de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC), Cnl. Eloy Iván Rojas del Carpio, por el delito de Legitimación de Ganancias Ilícitas debido a que le encontró movimientos financieros sospechosos por más de Bs. 6 millones de bolivianos ($us 887.000), imposible de justificar para un funcionario policial cuyo salario no puede generar ahorros de esa magnitud.

En el Formulario Único de Denuncia, código 201102012002105, se hace referencia a la nota UIF/DAFL/UAF2/484/2020 de fecha 10 de junio, estableciéndose que: “Dentro de las operaciones financieras realizadas por Carla Rocío De La Torre Campuzano de Rojas y Eloy Iván Rojas del Carpio, tanto activas como pasivas, se evidencia la existencia de un manejo financiero inusual de crecimiento progresivo no acorde con los perfiles socieconómicos, donde sus actividades profesionales no permiten respaldar su accionar financiero”.

La UIF de Bolivia sostiene que “las operaciones” del jefe policial y su esposa son “sospechosas” considerando la “cuantía”.

LA DANZA DE DOLARES Y BOLIVIANOS

Señala, por una parte, un movimiento de: $us 235, 742.15 (Bs. 1.626.000), y por otra: Bs. 4,526.300.14 ($us 651.000). Haciendo un total de Bs. 6.152.919,8 ($us 887.000).

Por ser Rojas del Carpio un servidor público (jefe policial), la Unidad de Investigaciones Financieras presume que todos los movimientos financieros constituyen “hechos de corrupción vinculados a su cargo”.

A la UIF le llama la atención que en “el manejo financiero” -coordinado y realizado “entre los esposos”, La Torre Campuzano y Rojas Del Carpio- exista un DPF (Depósito a Plazo Fijo)”.

Por otra parte, la UIF detecta que “dentro de las transacciones realizadas, se encuentran flagrantes contradicciones en las declaraciones dadas a las entidades financieras sobre el origen y el destinado de los fondos depositados, dentro del periodo analizado”.

Remarca que “los importes de las transacciones financieras”, no están “acordes al perfil económico del analizado” y de manera precisa señala que se encuadran a la “tipología de lavado de dinero” y “Abuso de las Facultades y Atribuciones de los Funcionarios Públicos”.

DELITOS DEL CNL. ROJAS Y SU ESPOSA

Por esa razón la UIF establece que “existen indicios que la Sra. Carla Rocío De La Torre Campuzano de Rojas, con Cédula de Identidad (C.I.) 3493873 LP. y el Sr. Eloy Iván Rojas del Carpio, con Cédula de Identidad (C.I.) 3581144 CB” y que ese “accionar” se enmarca en la “conducta delictiva de la Legitimación de Ganancias Ilícitas y a Delitos Precedentes en el Art. 185 Bis del Código Penal”.

Finalmente, la UIF recuerda que “el presente informe de carácter indiciario es emitido y remitido por la UIF (Unidad de Investigaciones Financieras) en cumplimiento del Art. 40 del DS. 24771 modificado por la Disposición Adicional Segunda del Decreto Supremo 3434”.

EJECUTOR DE PERSECUSION Y DETENCIONES

No es la primera vez que el coronel de policía Eloy Iván Rojas del Carpio, está en el centro del escándalo. Recientemente fue denunciado ante el Ministerio Público por haber presidido la detención ilegal del juez Hugo Huayta, minutos antes de definir si era encarcelado o liberado el ex ministro de Salud, Marcelo Navajas, principal involucrado en la compra de respiradores españoles con sobreprecio.

También, el coronel Rojas, fue acusado por la jefa de gabinete del expresidente Evo Morales, Patricia Hermosa, de haberla detenido sin ninguna orden fiscal y cuando ya estaba en la cárcel, ese jefe policial se metió a la celda de Hermosa para tomarle fotografías de manera arbitraria e ilegal.

Rojas también está denunciado por haber dirigido la detención abusiva del exministro de Minería César Navarro y otros exfuncionarios públicos, cuando ya tenían salvoconducto y viajaban a México en calidad de exiliados.

Eloy Iván Rojas Del Carpio, actualmente, es considerado como el principal ejecutor de la persecución y las detenciones organizadas por ministro de Gobierno, Arturo Murillo, contra opositores, especialmente militantes del MAS y líderes de organizaciones sociales y sindicales.

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