JUICIO SOBRE LA MASACRE DE OCTUBRE SE REABRE EN EEUU, ¿AHORA, CARLOS MESA ASISTIRÁ?

Para noviembre se programó una audiencia para que familiares de las víctimas de la masacre de Octubre Negro apelen la decisión de jueces de Estados Unidos que benefició con libertad a Gonzalo Sánchez de Lozada y Carlos Sánchez Berzaín, acusados por el delito de genocidio en Bolivia el 2003. La pregunta es inevitable: ¿Carlos Mesa, ahora asistirá al juicio en EEUU?

Familiares de las víctimas en Bolivia, calificaron como “cobarde” a Carlos Mesa, por negarse a declarar en el juicio civil seguido en 2018 en la Corte de Fort Lauderdale del estado de Florida-Estados Unidos, abierto contra sus ex aliados por los delitos: asesinatos extrajudiciales, crímenes de lesa humanidad y homicidios culposos.

El dirigente de la Asociación de Víctimas de Octubre Negro, Patricio Quispe informó que en diciembre de 2017 y enero de 2018 le solicitaron mediante una carta a Carlos Mesa que atestigüe a su favor.

“Nunca respondió y acabamos de enterarnos que se excusó a través de un memorial que envió a la corte federal”, “Nos sentimos traicionados” dijo Quispe y lamentó la actitud de Mesa que “a poco de asumir la presidencia, el 18 de octubre, subió a El Alto y nos aseguró reparación y justicia”.

 

AUDIENCIA DE APELACIÓN

El abogado de los familiares de las víctimas de octubre, Thomas Becker, informó que en noviembre se realizará la audiencia oral por la apelación que presentaron en contra del fallo emitido por el juez James Cohn, en mayo de 2018, que favoreció a Gonzalo Sánchez de Lozada y su más estrecho colaborador Carlos Sánchez Berzaín.

“La Corte (de Apelación del Circuito 11 de Florida) aceptó nuestra apelación y tenemos una audiencia en noviembre y vamos a presentar todos los argumentos que ya expusimos en el juicio”, indicó Becker. Mencionó que ya acumularon las pruebas y argumentos que serán utilizados en esa audiencia.

De acuerdo con la normativa estadounidense, una vez que presentaron la apelación, la defensa de Goni respondió. En una segunda oportunidad, los abogados de los familiares de las víctimas presentaron más documentos y lo que ahora corresponde es la audiencia oral.

“El tribunal lo conforman tres jueces que pueden preguntar y exigir aclaraciones de ambas partes y luego se debe esperar la sentencia”, explicó.

Becker dijo que en esta etapa del proceso no es importante que los demandantes, es decir, los familiares de las víctimas de octubre estén presentes físicamente, porque todo lo que se hará es profundizar legalmente los argumentos.

“Podemos utilizar todo lo que hemos presentado en el juicio, pero nada nuevo y no hay testigos. Usamos las palabras de la sentencia. No van a participar (los familiares), pero es probable que vengan a Estados Unidos”, sostuvo.

Junto con ocho familias, Becker fue artífice para sentar en el banquillo de los acusados al expresidente Sánchez de Lozada en un juicio civil por delitos de ejecuciones extrajudiciales durante las jornadas de octubre de 2003, donde fallecieron al menos 67 personas y otras 400 resultaron heridas.

En abril de 2018, el jurado civil de la Corte Federal de Fort Lauderdale de Florida, Estados Unidos, halló culpable por el delito mencionado; sin embargo, la sentencia pasó a manos del juez Cohn, quien revirtió la decisión y libró de pena y culpa al expresidente y a su exministro de Defensa.

En consecuencia, las exautoridades presentaron una demanda de resarcimiento, pedido que, según Becker, fue rechazado por la justicia de Estados Unidos, a fines de 2018.

“Ellos pidieron que se pague los gastos del juicio y la Corte rechazó sus argumentos y decidió que no tenemos que pagar, en los Estados Unidos los dos lados pagan sus propios gastos, entonces él (Goni) perdió esto y ahora no se tiene que pagar nada”, apuntó.

 

MASACRE EN OCTUBRE NEGRO – 2003

La represión sangrienta llevada en Bolivia en octubre de 2003 se la llamó masacre de Octubre Negro. Se originó por el anuncio de una serie de medidas del gobierno del entonces presidente Gonzalo Sánchez de Lozada, quién autorizó la intervención militar contra civiles durante la Guerra del Gas que cobró 63 vidas y culminó con la renuncia de Sánchez de Lozada.

El principal tema que generó el conflicto fue la decisión de exportar gas a través de puertos chilenos en un momento en que la cobertura de la red de gas en Bolivia era mínima​ y no existía una política clara para la gestión de los recursos.

La ciudad de El Alto fue el lugar en que la intervención militar, respaldada por el Decreto Supremo Nº 27209 de 11 de octubre de 2003, cobró más víctimas. Los días previos, la ciudad de La Paz ya había sido fuertemente militarizadas.

 

CONTRAGOLPE/BOLIVIA

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