Ministro de Hidrocarburos y Director de la ANH serán incluidos en proceso por compras irregulares de YPFB

Las contrataciones directas realizadas por YPFB durante el periodo de emergencia por el Covid19 que están bajo sospecha por irregularidades en su procedimiento y por el sobreprecio advertido, se habrían realizado bajo tuición del Ministerio de Hidrocarburos y conocimiento de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), por lo que las autoridades de ambas entidades tienen tanta responsabilidad como las de la empresa petrolera estatal.
YPFB fue cuestionada por la contratación directa de una póliza de seguros y por la compra de combustibles con supuesto sobreprecio en medio de la emergencia declarada porla pandemia del coronavirus.
En ambos casos, el Ministerio de Hidrocarburos deslindó responsabilidades y aseguró que YPFB actuó de acuerdo a lo que establece su autonomía de gestión técnica y económica.
De acuerdo al portal Cabildeo Digital, dicha autonomía está restringida por la ley 970, aprobada el 17 de agosto de 2017, en el gobierno del MAS, que modifica el Parágrafo III del Artículo 22, de la Ley 3058 de Hidrocarburos, y establece que “III. El Presidente Ejecutivo es la Máxima Autoridad Ejecutiva de YPFB. La Presidencia del Directorio será ejercida por la Ministra o el Ministro de Hidrocarburos”.
Denuncian al ministro de Hidrocarburos y al Director de la ANH como parte de las irregularidades en YPFB

El 2017, la ley 970 fue cuestionada por legisladores opositores entonces, hoy en función de gobierno, porque vulneraba, según ellos, varias normas que establecen claramente las atribuciones específicas del Ministerio de Hidrocarburos como ente normador, de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) como ente regulador y de YPFB como operador.

El actual ministro de Hidrocarburos, Víctor Hugo Zamora, refrendó la Ley 970 y asumió la Presidencia de YPFB y, por tanto, es responsable, entre otras, de “aprobar las condiciones, forma y suscripción de los contratos petroleros”, según lo establece el Decreto Supremo N°28324.
Víctor Hugo Zamora preside directorio de YPFB
“El actual Ministro de Hidrocarburos, no puede negar que tiene conocimiento de la contratación directa de un seguro, ni de la importación y compra de combustibles (diésel y gasolina con sobreprecios) que en la actualidad son motivo de cuestionamiento”, señala la denuncia y reclama que la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) como ente regulador y fiscalizador también debe ser incluida en las investigaciones.
El pasado 8 de mayo, la Unidad de transparencia de YPFB demandó al Ministerio Público iniciar las investigaciones por irregularidades en la contratación de manera directa de una póliza de seguros y en la compra de combustibles con supuesto sobreprecio.
El caso Seguros en la mira de las denuncias
En el caso de las irregularidades en la adjudicación de un seguro para YPFB por Bs 49 millones, denunciado el 14 de abril, la estatal petrolera confirmó la responsabilidad penal y administrativa de funcionarios de esa institución y denunció el hecho ante el Ministerio Público.
El 19 de mayo el jefe de la Unidad de Transparencia del Ministerio de Hidrocarburos, Iván Roncal, declaró el caso como “definitivamente concluido”, deslindó responsabilidades del Ministerio de Hidrocarburos y aseguró que corresponde a la Fiscalía y al Órgano Jurisdiccional establecer las sanciones para los funcionarios denunciados.
En conferencia de prensa, Roncal afirmó que YPFB es una empresa autárquica de derecho público, con autonomía de gestión administrativa, técnica y económica, según la CPE y la Ley 3058 de Hidrocarburos, mientras que “Las atribuciones y competencias del Ministerio de Hidrocarburos son principalmente fijar las políticas del sector, aunque sí puede fiscalizar, como en este caso, los actos y contratos de las entidades bajo su tuición, en la modalidad de control externo posterior”.
“En esa instancia se realizó el proceso correspondiente, que concluyó con el informe final que manda la ley y al establecer que existe responsabilidad penal y administrativa de algunos funcionarios de YPFB, y la presentación ante el Ministerio Público de una denuncia penal y la recomendación de instaurar un proceso administrativo en su contra”.
Lo que no explicó Roncal es la responsabilidad que corresponde al Ministro de Hidrocarburos que como presidente de YPFB debe “aprobar las condiciones, forma y suscripción de los contratos petroleros” según lo establece el Decreto Supremo N°28324”.
Apuntan al Director de la ANH por los contratos de diesel insumos y aditivos.
El otro caso bajo investigación de la Fiscalía es la adjudicación sin licitación de al menos cuatro contratos para el suministro de diésel e insumos y aditivos por 163.967.533 dólares.
Al respecto, el ministro de Hidrocarburos, Víctor Hugo Zamora, admitió que por la emergencia sanitaria YPFB se vio obligada a recurrir al procedimiento de contratación directa para garantizar el abastecimiento de combustibles.
Zamora contradictoriamente justificó los contratos aun cuando admitió que durante la cuarentena la demanda de gasolina y diésel en el país se redujo significativamente: “antes eran 156 millones de litros de litros al mes, ahora utilizamos 43 millones, ni la tercera parte en esta época del cierre (…) El diésel va por ahí, al mes utilizábamos 167 millones (de litros) ahora utilizamos 33 millones, ha bajado mucho más incluso, a menos de la cuarta parte a un 20% aproximadamente”.
En la importación de combustible extraña la urgencia con la que se realizó y el hecho de haberlo hecho amparados en una resolución de compras por excepción, pues por la misma declaración del ministro, la demanda había bajado considerablemente y no había apuro teniendo los depósitos de almacenamiento llenos. Por otra parte, también llama la atención que los precios de compra del combustible no corresponden a los vigentes en ese momento en el mercado internacional por la caída registrada del precio del petróleo”.
Las dudas también recaen sobre el Director de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), Iván Alcalá, dado que “por norma YPFB no puede hacer ninguna compra de combustible del exterior sin el consentimiento y autorización de este ente regulador y fiscalizador” y por tanto “debe ser incluido en las investigaciones que realiza la Fiscalía”.
La ANH despidió a personal técnico que podría aportar con información clave en este caso, especialmente, respecto a la omisión de esta institución que fue aparentemente relegada para no decir ni opinar nada, por eso las irregularidades y corrupción denunciadas.
Dadas las atribuciones propias, la ANH debe aportar con información clave para esclarecer si hubo o no sobreprecio en los contratos porque “cada mes participa en la reunión del Comité de Producción y Demanda (PRODE) y define las necesidades de provisión de combustibles”.
Se tiene la certeza que debido a la cuarentena los depósitos de combustible estaban llenos por lo que no existía ninguna urgencia no había urgencia para autorizar la compra y mucho menos con los precios reportados.
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