SENTENCIA DEL TCP ABRE LA PUERTA A OTRAS ‘MODIFICACIONES’

La Sentencia Constitucional Plurinacional 0032/2019, que permitirá a autoridades electas mantener sus cargos mientras son candidatos en las elecciones generales y subnacionales, establece la aplicación preferente de la Convención Americana de Derechos Humanos, conocida como Pacto de San José, por encima de la Constitución Política del Estado (CPE).

Este fallo abre el debate entre expertos constitucionalistas, que ven que se modificaron artículos sin consulta popular, y otros que recuerdan que este recurso ya está contemplado en el artículo 256 de la Constitución, aunque admiten que se abre la puerta para la revisión de otros artículos.

La sentencia fue emitida por el TCP el 9 de julio, luego de una acción de inconstitucionalidad abstracta interpuesta por la diputada Norma Alicia Piérola Valdez (PDC) y el diputado Andrés Gallardo Ibarra (UD), en demanda a la aplicación del artículo 23 de la Convención Americana de Derechos Humanos, por encima del artículo 238 de la Constitución, que los obliga a renunciar con tres meses de anticipación al día de la elección, al considerarla discriminatoria, ya que dicha condición no es exigida para el presidente ni el vicepresidente del Estado.

Los magistrados del TCP determinaron que el artículo 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos se aplique por encima de la Constitución, tal como hicieron para habilitar la repostulación del binomio Evo Morales-Álvaro García Linera.

“Todo previsto en -la Constitución- sus artículos 8, 13, 256 y 410”, señala el comunicado oficial difundido por el periódico El Deber.

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