Un préstamo que dañó al Estado

Vulnerando la soberanía e intereses económicos de Bolivia, el gobierno de facto de Jeanine Añez decidió endeudar al país con un préstamo del Fondo Monetario Internacional (FMI) condicionado a una serie de imposiciones fiscales, financieras, cambiarias y monetarias, hecho que fue denunciado desde el Banco Central de Bolivia.

También se tenía previsto que la Asamblea Legislativa Plurinacional apruebe cinco créditos de organismos internacionales por unos $us 1.700 millones destinados a reforzar el sistema sanitario de Bolivia para combatir el coronavirus.

Según el FMI, en abril del año pasado, el objetivo del crédito era ayudar a Bolivia “a satisfacer las necesidades de balanza de pagos derivadas del estallido de la pandemia del Covid-19, y apoyar los gastos médicos y las medidas de socorro que se requieren con urgencia para proteger el bienestar de la población”.

Estas intenciones le causaron al Estado millonarias pérdidas, ya que Añez, empecinada con el crédito, usó al Ministerio de Economía para pedir permiso a la Asamblea Legislativa Plurinacional para tener un respaldo del endeudamiento, pero se encontró con detractores del partido que había derrocado, por lo tanto la solicitud fue rechazada porque, según la presidenta del Senado Eva Copa, el pedido del Ejecutivo para aprobar ese préstamo señalaba que una vez que pase la cuarentena se debía flexibilizar el tipo de cambio del dólar.

Además que la documentación enviada no especifica si el país contaba con la capacidad de endeudamiento, y no indicó cuál sería el destino de los recursos, ni mucho menos se especifica a qué se refiere con la sugerencia de la dolarización.

De todas formas, el préstamo fue concretado saltando el procedimiento constitucional. En abril de 2020, el gobierno de Jeanine Añez solicitó al FMI el crédito concesional, sin autorización de la Asamblea Legislativa Plurinacional.

Al retomar el orden constitucional, el Gobierno democrático de Luis Arce, a través del Banco Central de Bolivia (BCB), el 17 de febrero de este año informó que hizo la devolución de $us 351,5 millones al FMI, préstamo irregular adquirido por el gobierno golpista.

El crédito durante este tiempo generó costos económicos adicionales y millonarios al Estado, que sumaron $us 24,3 millones, de los cuales $us 19,6 millones son por variación cambiaria y $us 4,7 millones producto de comisiones e intereses.

Este año, la Fiscalía General del Estado aceptó cuatro proposiciones acusatorias planteadas por el Ministerio de Justicia en contra de la expresidenta Jeanine Añez y algunos de sus exministros.

El caso es referido al préstamo del Fondo Monetario Internacional (FMI), se menciona a los exresponsables del Ministerio de Economía José Luis Parada, Branko Marinkovic y Óscar Ortiz.

¿Costos financieros?

El entonces ministro de Economía Óscar Ortiz aseguró el 10 de septiembre de 2020 a Página Siete que los desembolsos realizados al Fondo Monetario Internacional (FMI) fueron pagos por costos financieros y no por intereses. Entre tanto, la presidenta del Senado   denunció que el Gobierno canceló 1,6 millones de dólares por tasa de interés de un crédito que no fue aprobado

“Obviamente hay un costo financiero porque se traspasó lo que se llama derechos especiales de giro (DEG), que es una canasta de moneda que administra el FMI, el Banco Central de Bolivia (BCB) con eso subió su reserva. Esos recursos están en una cuenta especial que no se han utilizado por estas limitaciones de la Asamblea”, indicó la autoridad luego de su informe ante la Comisión de Economía Plural de la Cámara de Diputados.